El paro nacional y sus motivaciones
Hace poco un comentarista político se preguntaba por qué se hacía un paro nacional si todo iba tan bien en la economía peruana. La respuesta la ha dado el propio gobierno con una serie de diversas disposiciones que crean conflictos y divisiones en el país. En primer lugar, la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que centraliza y controla mil millones de soles del canon minero que anteriormente se depositaba en las cuentas de los gobiernos regionales y que ahora estarán en una sola cuenta del MEF. Esta norma, que enfrenta al gobierno central con los presidentes regionales y los alcaldes, ha sido promulgada justo días antes del anunciado paro nacional.
Pero, además, se han dado normas que restringen severamente el derecho a la propiedad sobre predios rurales en beneficio principalmente de empresas mineras, así como otros decretos que facilitan la venta de tierras de las comunidades andinas y amazónicas. Es decir, estos dispositivos afectan justo a aquellos sectores donde se registra la mayor cantidad de conflictos abiertos o latentes, registrados por la Defensoría del Pueblo, en vísperas del paro. En consecuencia, el principal “impulsor” de esta protesta es el propio gobierno.
Hace poco un comentarista político se preguntaba por qué se hacía un paro nacional si todo iba tan bien en la economía peruana. La respuesta la ha dado el propio gobierno con una serie de diversas disposiciones que crean conflictos y divisiones en el país. En primer lugar, la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que centraliza y controla mil millones de soles del canon minero que anteriormente se depositaba en las cuentas de los gobiernos regionales y que ahora estarán en una sola cuenta del MEF. Esta norma, que enfrenta al gobierno central con los presidentes regionales y los alcaldes, ha sido promulgada justo días antes del anunciado paro nacional.
Pero, además, se han dado normas que restringen severamente el derecho a la propiedad sobre predios rurales en beneficio principalmente de empresas mineras, así como otros decretos que facilitan la venta de tierras de las comunidades andinas y amazónicas. Es decir, estos dispositivos afectan justo a aquellos sectores donde se registra la mayor cantidad de conflictos abiertos o latentes, registrados por la Defensoría del Pueblo, en vísperas del paro. En consecuencia, el principal “impulsor” de esta protesta es el propio gobierno.
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